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En nuestro próximo evento  en vivo del 11 de Agosto lleváremos a ustedes la clase trabajadora un pequeño resumen de algunas normas laborales que han regulado grandes vacíos que se tenían en nuestra normatividades y que se habían evidenciado a partir de los retos a los que nos hemos visto avocados en estos nuevos tiempos de la era tecnológica.

Recuerden que resolveremos en vivo sus inquietudes.


Los esperamos!

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LA CORTE REITERA JURISPRUDENCIA QUE DECLARA INEFICACIA DE AFILIACIÓN A FONDOS PRIVADOS!


De acuerdo con entrevista suministrada por el presidente de COLPENSIONES el 85% de las demandas que pretenden la nulidad de la afiliación a los fondos privados de pensiones, terminan con resultados favorables para los demandantes. Dentro de ese 15% que no tienen éxito algunas provienen de salas del Tribunal Superior de Bogotá, las que se han negado a acoger la tesis que desde el año 2008 hasta la fecha, sin excepción ha acogido la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.


Sin embargo, ya han comenzado a producirse las primeras sentencias de esta máxima corporación que resuelven las demandas de casación en contra de esas decisiones, lo que debiera hacer replantear la postura de los magistrados que componen dicha sala. Una de estas decisiones es la proferida por la doctora CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO SL 4426 de 2019 con radicación 79167 fechada el 16 de octubre , en la que casó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá fechada el 1ro de marzo de 2017.


En la conclusión la Corte sintetiza los errores del Tribunal en los siguientes términos:


“ (i) considerar que la simple suscripción del formulario de afiliación en proformas pre-impresas, sin vicios del consentimiento, surte efectos; por esa misma vía, se equivocó al entender que el constreñimiento fue materia de litigio e invertir la carga de prueba en contra de la actora; (ii) estimar que no se configura la omisión del deber de información de Porvenir S.A., porque para la fecha del traslado no tenía la posibilidad de establecer cuál sería el monto de la pensión que devengaría la accionante; (iii) señalar que María Adalgiza Jiménez no probó su intención de retornar al régimen público de pensiones dentro de los 10 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional; y (iv) restringir el alcance de la jurisprudencia de esta Corte a los casos en los que al afiliado tenga reunidos los requisitos para pensionarse, o dicho de otro modo, tenga causado el derecho a la pensión.”


Al analizar los errores expone la Corte la reiterada jurisprudencia que data desde 2008, cuestionando duramente su inaplicación, basta con observar las expresiones utilizadas por la máxima corporación:


“lacónicamente afirmó que María Adalgiza Jiménez no demostró ni alegó que hubiere sido constreñida u obligada a firmar el formulario de afiliación. Dicha aseveración es errónea por varias razones…. “


“…


“…en lo que al primer planteo corresponde, también erró el ad quem cuando echó de menos la prueba que en su criterio debía aportar la accionante, pues quien debía demostrar que cumplió con el deber insoslayable de información, por tratarse de un derecho mínimo y de una garantía consagrada en el ordenamiento jurídico en favor del trabajador afiliado al régimen de pensiones, era el fondo privado de pensiones mas no la demandante (art. 13 CST).


Sobre la inversión de la carga de la prueba afirmó la Corte:


“En efecto, en las recientes sentencias antes referidas, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia consideró, que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca, lo cual acompasa con la literalidad del artículo 167 del Código General del Proceso según el cual, las negaciones indefinidas no requieren prueba…


En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un desatino, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento (CSJ SL 19447-2017, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1689-2019).


Además, las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia frente al afiliado lego. A tal grado es lo anterior, que incluso la legislación (art. 11, literal b), L. 1328/2009), considera una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los consumidores financieros.


Conforme lo anterior, el Tribunal cometió un tercer error al exigirle a la accionante el deber de demostrar los hechos en los que fundamentó su pretensión y, a la vez, al eximir a la administradora accionada de la carga de probar el cumplimiento de su deber de información, imperante desde 1993 y vigente a la data de afiliación de María Adalgiza Jiménez en agosto de 2000.


En la decisión de segunda instancia el juez colegiado revocó la sentencia de primer grado, entre otras razones, porque dadas las características del régimen de ahorro individual con solidaridad sujeto a variables tales como el capital acumulado, bono pensional y rendimientos, en agosto de 2000 el fondo privado de pensiones estaba en imposibilidad de informarle a la actora «cuál era el monto de pensión que recib[iría]».


Esa reflexión tampoco la avala la Sala, porque la accionante no fundamentó su pretensión en esa supuesta falencia, ni semejante y absurda precisión exigen las normas del deber de información ni la jurisprudencia de esta Sala.

“..

Cuestionó la Corte la reflexión que hizo el tribunal sobre la inexistencia del retracto.


Como sustento de su decisión, el juez de apelaciones también adujo que no «existe evidencia en el proceso de que la demandante haya hecho uso del retracto (…) antes de cumplir los 47 años hubiese solicitado el traslado» del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida.


Dicha conclusión igualmente es desafortunada, en la medida en que la actora no demandó que se le hubiera impedido retornar al régimen de prima media con prestación definida; el objeto del litigio se orientó a demostrar que por el incumplimiento del deber de información por parte de la administradora privada de pensiones al momento del traslado, perdió los beneficios del régimen de transición y por esa vía la pensión.


Luego, lo que le correspondía al Tribunal dilucidar es si a la demandante se le brindó oportunamente la información necesaria y trasparente que requería, para sopesar ventajas y desventajas de uno y otro régimen al momento de adoptar su decisión de trasladarse, no si con posterioridad al mismo ejerció o no el derecho a retornar al sistema público de pensiones.


Con otras palabras, si el juez de apelaciones hubiere entendido que la materia del litigio se circunscribió al consentimiento no informado para el cambio de régimen pensional, de la documental de folios 36 y 192 a través de la cual Porvenir S.A. le comunicó a la actora que pese a tener 1.212,57 semanas cotizadas no tenía el capital suficiente para financiar la prestación y tampoco derecho a la garantía de pensión mínima, habría advertido, certeramente, el «perjuicio» que echó de menos, en cuanto el traslado del sistema público de pensiones al privado le implicó la pérdida de los beneficios del régimen de transición.


En conclusión, erró el Tribunal al exigirle a la actora, evidencia de su intención de retornar al régimen de prima media con prestación definida, dentro de los 10 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional.


Con fundamento en las documentales que dan cuenta de la edad de la accionante al momento del traslado y del número de semanas que para entonces tenía cotizadas al sistema, el Tribunal también sustentó su decisión revocatoria de la sentencia de primera instancia, en que «como quiera que la demandante para la época [en la] que solicitó el traslado de régimen no había reunido los requisitos para acceder a la pensión de vejez» en el régimen de prima media con prestación definida, «no es posible concluir que fue víctima de engaño o [de] falta de información que le ocasionaron un perjuicio en el reconocimiento de su pensión, como lo ha considerado la CSJ en estos casos».


Esa reflexión es equivocada, porque ni la legislación ni la jurisprudencia tienen establecido que para que proceda la ineficacia del traslado, es necesario que el afiliado, al momento del traslado, haya «reunido los requisitos para acceder a la pensión» en el régimen anterior al que estuviese afiliado.


De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas recientemente CSJ SL12136-2014, CSJ SL17595-2017, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1452-2019, CSJ SL 1688-2019, CSJ SL 1689-2029 y CSJ SL3463-2019, consiste en que, por tratarse de un derecho mínimo que consagra garantías en favor de los afiliados, las administradoras de fondos de pensiones deben suministrarles oportunamente, información clara, cierta y comprensible de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional, «sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está o no próximo a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto» (CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL3463-2019).


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