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En nuestro próximo evento  en vivo del 11 de Agosto lleváremos a ustedes la clase trabajadora un pequeño resumen de algunas normas laborales que han regulado grandes vacíos que se tenían en nuestra normatividades y que se habían evidenciado a partir de los retos a los que nos hemos visto avocados en estos nuevos tiempos de la era tecnológica.

Recuerden que resolveremos en vivo sus inquietudes.


Los esperamos!

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APLICABILIDAD DE EDAD DE RETIRO FORZOSO EN LAS EMPRESAS MIXTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS


La primera precisión que es necesario hacer es que estas entidade son entidades públicas independientemente del régimen jurídico definido por el legislador. Siendo así, de acuerdo con la Constitución Política del país, las personas vinculadas, son servidores públicos aunque con un régimen especial como lo señaló el artículo 41 de la ley 142 de 1994, aunque con una redacción poco afortunada, pues señala que son trabajadores particulares, lo que constituye un imposible jurídico pues un servidor público no puede ser trabajador privado. Como lo han señalado nuestras máximas corporaciones judiciales la situación debe entenderse en el sentido de que son servidores públicos regidos por el régimen contenido en el Código Sustantivo del Trabajo.


La ley 1821 de 2016 además de incrementar la edad de retiro forzoso incluyó si se quiere una estabilidad laboral para quienes cumplen los requisitos para acceder a la pensión de vejez , en los siguientes términos:


“ARTÍCULO 1°. La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia.


Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionarios de elección popular ni a los mencionados en el artículo 1° del Decreto-ley 3074 de 1968. ”


ARTÍCULO 2°. La presente ley no modifica la legislación sobre el acceso al derecho a la pensión de jubilación, Quienes, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, accedan o se encuentren en ejercicio de funciones públicas podrán permanecer voluntariamente en los mismos, con la obligación de seguir contribuyendo al régimen de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), aunque hayan completado los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. A las personas que se acojan a la opción voluntaria de permanecer en el cargo, en los términos de la presente ley, no les será aplicable lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003.

El citado parágrafo de la mencionada ley 797 considera como justa causa para dar por terminado el vínculo el reconocimiento de la pensión de vejez y su inclusión en nómina, pòr tanto si el trabajador se acoge voluntariamente obtendría este beneficio.

Destinatarios de la ley: El gran debate jurídico que se presenta tiene que ver con el alcance de la ley, es decir a quienes se dirige. Su precisión exige indagar por el concepto de función pública, aspecto ampliamente discutido tanto por la doctrina internacional como nacional.

De la revisión detallada de esa doctrina se puede concluir sin mayor esfuerzo que la expresión función pública está referia a actividades destinadas a cumplir la misión del Estado, es decir sus fines esenciales, de hay que tanto la doctrina como la jurisprudencia han concluido que pueden desempeñar una función pública algunos particulares como son los trabajadores de las notarías, los de las cámaras de comercio.

Igualmente consideran los doctrinantes que ese concepto es sumamente amplio y se aplica en todas las ramas del poder público.

Caso concreto de las empresas que prestan servicios público. Haciendo un análisis de la Carta Política concluímo sin mayor esfuerzo que los servicios públicos domciliarios hacen parte de la esencia del Estado Social de Derecho, en consecuencia, quien presta un servicio público está desempeñando una función pública.

En efecto, tenga en cuenta las los artículos 334 y siguientes de la Carta Política, muy especialmente el 365 cuyo texto es como sigue :


.

ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

Así las cosas. las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios son entidades que desempeñan funciones públias y en este caso por sex mixta, debe entenderse que a sus servidores se les debe aplicar la mencionada ley.


Pasos a seguir: La persona que esté interesada en acogerse a esta ley, antes de cumplir el último de los requisitos, presenta una comunicación en la que manifiesta su intención de acogerse a la mencionada ley; si a pesar de ello es despedida, cabria una acción ordinaria buscando la anulación de la desvinculación.


Ballesteros Abogados Asociados

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