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En nuestro próximo evento  en vivo del 11 de Agosto lleváremos a ustedes la clase trabajadora un pequeño resumen de algunas normas laborales que han regulado grandes vacíos que se tenían en nuestra normatividades y que se habían evidenciado a partir de los retos a los que nos hemos visto avocados en estos nuevos tiempos de la era tecnológica.

Recuerden que resolveremos en vivo sus inquietudes.


Los esperamos!

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FUERO DE SALUD


La estabilidad laboral reforzada que se genera a partir de la mengua en el estado de salud de una persona ha sido tema de discusión permanente por las Altas Cortes de nuestro país.

En febrero 4 de este año, la Corte Constitucional expidió la sentencia de tutela T-041 de 2019 donde hizo un recorrido por algunos de sus pronunciamientos relacionados con el tema.

Al definir la petición de una persona que estaba en tratamiento por diferentes enfermedades derivadas de un accidente de trabajo cuyo contrato fue terminado por el empleador alegando una justa causa, la Corte reiteró la vigencia de la protección constitucional que se apoya en los artículos 13 (igualdad y no discriminación), 47 (políticas para los disminuidos psíquicos, físicos o sensoriales), 53 (estabilidad en el empleo), 54 (formación y capacitación a quien lo requiera; derecho al trabajo para los discapacitados) y 95 (principio de solidaridad), siempre y cuando se presenten los siguientes requisitos:

  1. Que el trabajador presente una limitación física, sensorial o psíquica sustancial que dificulte o impida el desarrollo regular de su actividad laboral.

  2. Que el empleador tenga conocimiento de la situación de discapacidad o de la limitación física, sensorial o psíquica sustancial.

  3. Que el despido se realice sin autorización del Ministerio del Trabajo.

  4. Que el empleador no logre desvirtuar la presunción de despido discriminatorio a favor del trabajador con discapacidad.

Cada uno de los anteriores requisitos debe ser analizado en el caso concreto y, si se presentan, debe el juez ordenar la protección, así:

  1. Declarar la ineficacia del despido;

  2. Ordenar el reintegro del actor (si este así lo desea) a un cargo de igual o mayor jerarquía al que venía desempeñando, en el cual se deberá garantizar que las condiciones laborales sean acordes con sus condiciones de salud, así como que reciba la capacitación correspondiente para desempeñar el mismo;

  3. Ordenar el pago de los salarios y prestaciones sociales que legalmente le correspondan y de los aportes al Sistema General de Seguridad Social desde cuando se produjo la terminación del contrato hasta que se haga efectivo el reintegro;

  4. Ordenar el pago de la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 consistente en 180 días de salario.

Para el caso que se analizó, la Corte Constitucional ordenó la protección al accionante en los términos señalados.


BALLESTEROS ABOGADOS ASOCIADOS



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