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En nuestro próximo evento  en vivo del 11 de Agosto lleváremos a ustedes la clase trabajadora un pequeño resumen de algunas normas laborales que han regulado grandes vacíos que se tenían en nuestra normatividades y que se habían evidenciado a partir de los retos a los que nos hemos visto avocados en estos nuevos tiempos de la era tecnológica.

Recuerden que resolveremos en vivo sus inquietudes.


Los esperamos!

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CORTE CONSTITUCIONAL REITERA OBLIGACIÓN DE EMPLEADOR DE CONTRIBUIR CON EL PAGO DE APORTES ASÍ NO EXI


Mediante sentencia T 337 de 2018, con ponencia de JOSE FERNANDO REYES CUARTAS estudió una tutela en la que la demandante afirmaba haber laborado con Idupalma desde 1.977 y que por haber sido afiliada al ISS en 1991 no tiene el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez por parte del régimen de prima media con prestación definida.


La Corte Constitucional en primer término recordó cuales son las reglas para que procede la acción de tutela cuando de reconocimientos pensonales se trata. La corporación planteó como postulado general lo siguiente:


“… la Sala dejó clara la postura de la Corte en torno a la improcedencia general de la acción de tutela en materia de reconocimiento de prestaciones de carácter pensional, pero también determinó que cuando los medios de defensa no son eficaces para proteger los derechos sociales, esta procede excepcionalmente.


Ello ocurre cuando el solicitante es una persona de la tercera edad o cuando por su condición particular, se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, lo que habilita la intervención del juez constitucional, pues como se ha indicado, someter a la persona a los rigores de un proceso ordinario resulta desproporcionado y lesivo de su dignidad, partiendo de la base de la demora que representa el adelantamiento de un litigio de tal índole y de las posibilidades que la persona tiene de acudir al mismo para hacer valer sus derechos.”


Analizando el caso concreto, precisó las reglas que es necesario tener en cuenta, las que deben existir además de todas las generales de toda acción de tutela:


“i) La accionante es una persona de la tercera edad.

ii) La accionante es una persona que cuenta con serias deficiencias en su estado de salud, que la llevan a que su dignidad como persona se vea afectada.

iii) Las condiciones económicas de la accionante se enmarcan dentro de un caso de perjuicio irremediable.


Luego de encontrar satisfechos los requisitos formales analiza la procedibilidad material del amparo, encontrando acreditado que la actora trabajaba desde 1977 en la empresa demandada y que solo fue inscrita al Instituto de Seguros Sociales desde el 9 de enero de 1999. La Corporación hace las siguientes reflexiones:


“33. La carga del aprovisionamiento. …Indupalma, …puso de presente que la entidad no estaba obligada a cotizar porque el ISS no tenía cobertura en el lugar del país donde estaba ubicada (San Alberto, Cesar), por lo que no existía entidad privada o pública que recibiera los aportes que hubiera podido realizar, pero que sí lo hizo cuando el ISS llamó a inscripciones a los empleadores del municipio de San Alberto, Cesar, precisamente el 8 de enero de 1991, fecha en la que fueron afiliados al Seguro Social todos los trabajadores de Indupalma, incluyendo a la accionante.


“Empero, la teoría que ha venido sosteniendo la Corte se funda, conforme a lo ya indicado, que empresas como Indupalma no quedan exentas de concurrir en la financiación de la pensión de sus empleados, porque si bien es cierto que la cobertura del ISS no fue inmediata sino que se fue ampliando de manera gradual, no es menos cierto que el deber de aprovisionar viene desde el año 1946, cuando se les impuso a las empresas la obligación de otorgar pensión de jubilación a sus trabajadores y para ello era menester abastecerse de los recursos necesarios que le permitieran cubrir esa contingencia.”


La Corte invocó como precedentes las sentencias T-665 de 2015 y T-410 de 2014 en donde indicó que


“ la carga de aprovisionamiento es anterior a la vigencia de la Ley 100 e incorpora una obligación de plazo que nace a la vida jurídica con la suscripción del contrato y se hace exigible con el llamamiento a afiliación obligatoria, que se hizo gradual y progresivamente de conformidad con la ampliación de cobertura del administrador del seguro social, mientras que la Ley 100 efectuó este llamamiento por vía general y abstracta (Art. 13 literal “a”) e instauró un mecanismo o instrumento de acumulación de tiempos de servicio y aportes (Art. 33 parágrafo 1).


Bajo esa consideración indicó que el literal c) del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 no introdujo una obligación de aprovisionamiento nueva, pues esta ya existía desde la vigencia de los artículos 72 de la Ley 90 de 1946, 259 y 260 del CST y del artículo 14 de la Ley 6ª de 1945, de modo que lo único que hizo el mencionado literal fue establecer el instrumento de acumulación, realización o cumplimiento de la preexistente obligación de aprovisionamiento de los aportes correspondientes a los tiempos servidos por el trabajador que laboró para empresas que antes de la vigencia de la Ley 100 tenían la obligación de reconocer y pagar una pensión”


A partir de esa obligación legal, considera la Sala que la negativa de Indupalma a proporcionar los aportes para la pensión de la señora Rinaldy, constituye un desconocimiento a sus derechos fundamentales, sobre todo dadas las condiciones en las que se halla la accionante, pues su edad, su estado de salud y sus condiciones económicas, demuestran que no cuenta con una vida en condiciones dignas y que la pensión a que tiene derecho, tiene como propósito posibilitarle a una mujer que dedicó gran parte de su vida al único trabajo que ha desempeñado (13 años 11 meses y 27 días), que disfrute de la prestación a la que ella misma contribuyó con su labor como cocinera.


BALLESTEROS ABOGADOS ASOCIADOS



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