top of page
Agosto 11.jpg

En nuestro próximo evento  en vivo del 11 de Agosto lleváremos a ustedes la clase trabajadora un pequeño resumen de algunas normas laborales que han regulado grandes vacíos que se tenían en nuestra normatividades y que se habían evidenciado a partir de los retos a los que nos hemos visto avocados en estos nuevos tiempos de la era tecnológica.

Recuerden que resolveremos en vivo sus inquietudes.


Los esperamos!

https://web.facebook.com/Ballesterosabogadosyasociados/photos/a.999854236784399/3496832353753229/

EL CONSEJO DE ESTADO MANTIENE PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL A EMPLEADO PÚBLICO


El Hospital de Pie de Cuesta (Santander) demandó un acto administrativo en el que reconoció una pensión de jubilación a un empleado público con base en una convención colectiva de trabajo.

Por considerar que se había incurrido en un error se demandó su propio acto (acción de lesividad).

La sección segunda del Consejo de Estado, subsección B con ponencia del doctor CESAR PALOMINO CORTES estudio la situación produjo la sentencia identificada con el número 680012331000200800061 01, del 5 de julio de 2018 en la que hizo las siguientes consideraciones:


“La Constitución de 1886 y sus posteriores reformas, en especial la realizada en 1957, determinaron que las condiciones de jubilación estarán a cargo del Tesoro Público, y el Presidente de la República, los gobernadores, alcaldes y, en general, todos los funcionarios que tuvieran la facultad de nombrar y remover, no podían ejercerla sino dentro de las normas que expidiera el Congreso de la República, ente encargado de establecer las condiciones de acceso, retiro y jubilación del servicio público.”


Agregó que el acto legislativo 1 de 1968 determinó la competencia del Congreso de la República para entre otras cosas determinar el régimen de sus prestaciones sociales.”, además el ordinal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991, conservó la competencia atribuida al legislador y al ejecutivo para la fijación del régimen salarial y prestacional.

“Así las cosas, el Congreso de la República es el único ente que puede fijar los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados públicos, por lo que cualquier disposición de carácter departamental o municipal que regulen la materia, se torna ilegal. “

Sin embargo, al analizar el problema jurídico sometido a consideración, luego de transcribir los artículos 11, 36 y 46 de la ley 100 de 1993, planteó lo siguiente:


“De la misma forma, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, estableció que para las situaciones jurídicas de carácter individual consolidadas con anterioridad a su vigencia, con fundamento en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de servidores públicos, continuarían vigentes; y tendrían derecho a pensionarse bajo dicho precepto, y en las condiciones allí establecidas, en aras de garantizar los derechos adquiridos, en los siguientes términos:



“ARTÍCULO 146. SITUACIONES JURÍDICAS INDIVIDUALES DEFINIDAS POR DISPOSICIONES MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones Municipales o Departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.


“Al respecto, esta Corporación al estudiar un asunto similar, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2011, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado con radicación No. 08001 – 23 – 31 – 000 – 2005 – 02866 – 03 (2434 – 2010), sostuvo:


“(…) “… el juez no puede alterar la voluntad del legislador, en la aplicación del principio de la confianza legítima, pues el beneficiario de las prestaciones pensionales, inicialmente extralegales, recibe el aval del competente para continuar percibiendo los dineros necesarios para su jubilación, situación que conlleva, también a un derecho adquirido.


“En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos, dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de mantener la guarda e integridad del ordenamiento superior.

“De lo anterior se desprende que para la convalidación de las pensiones reconocidas con fundamento en las disposiciones del orden territorial, conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuando se trate de convención colectiva de trabajo que se refiera a empleados públicos, no puede ser tenida como un contrato o como norma; sin embargo debe tomarse como una disposición en la medida que con ella se buscó es proteger y otorgarle progresividad a los derechos de los trabajadores, es decir, “lleva inmersa la voluntad del empleador de otorgar unos derechos a sus beneficiarios”


Por las razones expuestas, el Consejo de Estado mantuvo el beneficio.


BALLESTEROS ABOGADOS ASOCIADOS

Entradas destacadas
Vuelve pronto
Una vez que se publiquen entradas, las verás aquí.
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags
Síguenos
  • Ballesteros abogados
bottom of page